La ministra Ana Mato y las Comunidades Autónomas aprueban una propuesta inicial de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia
- Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
- El acuerdo se enmarca en el camino para alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales
- El avance de la evaluación de la Ley de Dependencia revela que no ha generado empleo y ha creado desigualdades autonómicas
- El consenso permitirá garantizar la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia y la equidad en el acceso a prestaciones
12 de abril de 2012. La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presidido hoy la
reunión del Consejo Territorial del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia, a la que han
asistido los consejeros de Servicios Sociales de las Comunidades
Autónomas. Tras el encuentro, Mato ha anunciado que se ha
alcanzado una propuesta inicial de Acuerdo por los Servicios
Sociales y la Dependencia. Se trata de uno de los pilares del
futuro Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que la
ministra ha propuesto a las autonomías.
El acuerdo, en palabras de Mato, “permitirá que
los servicios sociales y la dependencia se centren, y más en
estos momentos, en la atención que precisan los
ciudadanos”. A su juicio, es el momento de recuperar los
principios de la ley.
Este acuerdo inicial se basa en cuatro puntos. El
primero es el consenso para que pueda ser ampliado a todas
las entidades y organismos del Sistema de Dependencia que se
considere oportuno.
El segundo punto es el avance de la evaluación
de los cinco primeros años de aplicación de
la ley. Éste será el punto de partida para realizar
la evaluación de resultados definitiva. De los primeros
datos se desprende que son necesarias mejoras:
·
La ley se ha convertido en un laberinto
normativo.
·
Se ha abusado de la fórmula que la ley contemplaba
como excepcional. En vez de emplear la red pública
de servicios sociales de forma prioritaria para atender a las
personas dependientes, se han hecho habituales las prestaciones
para cuidadores familiares.
·
La Ley no ha contribuido a generar empleo, pues el
63 por ciento de las altas en el Régimen General de la
Seguridad Social, sector Servicios Sociales, corresponde a
cuidadores familiares. Sólo el año pasado, se
perdieron 8.304 empleos en el sector.
·
No se garantiza la calidad de la atención,
pues las prestaciones económicas no aseguran las condiciones
más adecuadas a las necesidades de los dependientes, ni la
formación básica de sus cuidadores.
·
Se han construido 17 sistemas distintos de
atención a la dependencia, con desigualdades en
prestaciones, aportación del usuario y tramitación de
solicitudes.
·
Existe un desfase entre las previsiones en número de
dependientes y financiación y la realidad. En 2007
se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley
(2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a
día de hoy se ha reconocido el derecho a más de
1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la
aportación del Estado supera las previsiones en más
de 2.700 millones de euros.
A la vista de estos datos, Mato ha explicado que se
acometerán mejoras en la ley. En primer lugar, ha
considerado necesario adecuar la normativa a la
situación de dependencia y establecer criterios comunes en
aspectos como el baremo de valoración.
También ha defendido la necesidad de aunar
criterios para medir la capacidad económica de los
usuarios, y de simplificar y unificar el
procedimiento para el reconocimiento del derecho de las
personas dependientes a la atención.
Asimismo, la ministra ha abogado por priorizar las
prestaciones a través de la red pública de servicios
sociales, “que es la manera de crear
empleo”.
En este sentido, ha señalado que es necesario
reforzar la relación entre el cuidador familiar y la
administración, para garantizar la calidad en la
atención y la preparación de los cuidadores.
El tercer punto del acuerdo inicial
es la ratificación del contenido de los grupos de
trabajo. Se trata de cuatro equipos que analizarán
las siguientes materias:
·
Baremo de valoración de la Dependencia.
·
Calidad y adecuación de la cartera de servicios y
prestaciones a la situación de las personas
dependientes.
·
Procedimiento de tramitación para el acceso a las
prestaciones.
·
Aspectos económicos de la atención a la
Dependencia.
El cuarto punto es el calendario de
actuaciones de los grupos. En el Pleno celebrado hoy se ha
acordado que presenten las primeras propuestas este mes de abril y
las conclusiones, en mayo. De este modo, el Consejo
Territorial debatirá y, en su caso, aprobará, las
propuestas en junio.